El Govern de la Generalitat, representado por la consejera de Empresa y Conocimiento, Ángeles Chacón, firmó el día 10 de enero un convenio de colaboración con los rectores de las universidades catalanas con el objetivo de facilitar el cambio de estudios oficiales de grado a estudiantes que acrediten la condición de víctimas de violencia de género.

Govern y universidades catalanas firman un convenio de colaboración para facilitar el cambio de universidad a las víctimas de violencia de género

Esta medida permitirá a las mujeres víctimas de violencia machista, así como a los hijos e hijas que dependen de ellas, continuar los estudios oficiales de grado en una universidad diferente a aquella en la que los iniciaron. La finalidad es que la persona afectada pueda continuar sus estudios, en el plazo de tiempo más corto posible, mediante el traslado de su expediente a cualquiera de las universidades del sistema catalán que elija.

En el acto de firma también intervinieron el rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep Antoni Planell, como presidente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), y el rector de la Universitat Ramon Llull (URL), Josep Maria Garrell, en representación de las universidades privadas. Asimismo, participó la presidenta de la Comisión Mujer y Ciencia del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), Anna Berga.

Además, al acto de presentación del convenio asistieron el secretario de Universidades e Investigación, Francesc Xavier Grau; el secretario general del CIC, Lluís Baulenas; y la presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres, Núria Balada, entre otros.

Esta actuación se enmarca en los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para superar las desigualdades sociales, y responde a la voluntad del Govern y de las universidades catalanas de luchar contra la violencia de género y garantizar los derechos básicos de las mujeres que la padecen.

La actuación se enmarca en los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU

Las entidades firmantes reconocen que la violencia de género es un problema estructural que sufren las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en el marco de unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. En este sentido, se trata de una grave vulneración de los derechos humanos y de un impedimento para que las mujeres puedan alcanzar la plena ciudadanía, la autonomía y la libertad.