En las últimas horas, las agencias de noticias recogen comunicados de docentes de todas las etapas educativas y desde diversas comunidades autónomas con quejas hacia la administración por declaraciones de representantes políticos que han afirmado que las escuelas deben abrir a toda costa sin ningún criterio específico. 

Las protestas no solo nacen de los sindicatos de profesores, algunas asociaciones de padres se suman al rechazo de la vuelta al colegio de los menores de seis años. La ministra de Educación, Isabel Celaá, deja en manos de cada gobierno autonómico la decisión del momento y de la forma del regreso a las aulas en las etapas de primer y segundo ciclo de Educación Infantil, de 0 a 6 años.

Los colegios no han tenido tiempo ni recursos para garantizar las medidas de protección e higiene

Según el plan de desescalada marcado por el gobierno, la vuelta al colegio se produce en la fase 2, por esa razón este próximo lunes, 18 de mayo, algunos territorios deberían de abrir los colegios para las etapas de Educación Infantil y Educación Especial. Los principales sindicatos de la enseñanza pública y concertada afirman que «es absolutamente imposible cumplir con las medidas de distancia social e higiene con niños en edades de 0 a 6 años».  Además, declaran que los colegios no han tenido tiempo ni recursos para garantizar las medidas de protección e higiene ni para los alumnos ni para los trabajadores de los centros.

Los profesores de Cantabria han abierto una petición en la plataforma Change.org dirigida al gobierno autonómico para que no se abran los centros educativos hasta que no exista una garantía total de seguridad durante toda la jornada escolar. Esta petición sobrepasa las 1.500 firmas. De todas formas, el gobierno de esta autonomía, por medio de su Consejería de Educación, no está conforme con la medida del gobierno central y no va a permitir el regreso a las aulas de los alumnos de ciclos de Educación Infantil, sin embargo aboga por el regreso de los alumnos a partir de 2.º de la ESO y en especial los de 4.º de la ESO y 2.º de Bachillerato y FP, que son los que tienen exámenes definitivos para su final de ciclo.

Cantabria no permite el regreso a las aulas de los ciclos de Educación Infantil

En la universidad también hay quejas de profesores. A pesar de ser una de las etapas educativas que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos veinte años, los casi 167.000 profesores dedicados a la educación superior intentan continuar con los cursos de forma online. El gobierno ha dejado libre criterio a cada universidad para que decida sobre la mejor forma de avanzar con los contenidos y los exámenes. No obstante, el uso de la conexión con detectores faciales durante los exámenes, o bien activar el micrófono y el vídeo durante una sesión, han recibido quejas de los alumnos por atentar contra la privacidad del alumnado. La brecha digital se hace evidente en esta etapa educativa, sobre todo en carreras donde el uso de ordenadores potentes o material específico para la realización de tareas es algo obligado. Muchos alumnos usaban los servicios de laboratorios y ordenadores dentro de la propia universidad, cosa que ha sido imposible desde la declaración del estado de alarma. La Universidad de Cádiz prestó 200 ordenadores portátiles y 25 webcams así como distribuyó más de cien paquetes de conexión de datos (tarjetas de memoria + routers) para garantizar la docencia no presencial. En la Universidad de Sevilla los exámenes finales serán virtuales y se exige al alumno identificarse mediante el DNI y una imagen de webcam, se trata así de evitar fraudes y de mantener al alumno vigilado mientras dura la prueba, lo que también ha recibido quejas de algunos profesores y alumnos. A todo esto, los ataques informáticos han aumentado y todas las universidades han tenido que reforzar sus sistemas informáticos tanto en hardware como en software exclusivamente diseñado para la realización de exámenes online.

Familias y pediatras también están en contra del retorno a las aulas y solicitan medidas de conciliación alternativas

La CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del alumnado) y la AEP (Asociación Española de Pediatría) reclaman un plan de conciliación y que Infantil sea la última etapa en volver a las aulas. Para ello sugieren la organización de campus de verano y campamentos inclusivos, así como servicios socioeducativos con todas las medidas de seguridad sanitaria necesarias.

En resumen, el gobierno tiene un gran hueso duro de roer si espera obtener el consenso y el apoyo de todos los agentes de la enseñanza en nuestro país. Las medidas y pautas se dictan y se modifican en cuestión de horas y el desconcierto es generalizado, lo que no ayuda a dar estabilidad en la finalización de este curso escolar, pero tampoco para el inicio del siguiente.

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